Mientras las comunidades se encuentran en infranqueable pie de lucha en rechazo a la presencia de compañías mineras que estarían poniendo en serio riesgo la preservación del medio ambiente y la propia vida de los pobladores, el Gobierno Nacional se encuentra en la encrucijada de poder encontrar una salida legal al problema, considerando que no cuenta con las herramientas necesarias para tomar una decisión que permita, a su vez, lograr una salida al problema.

Ciertamente, y aunque resulta nada de otro mundo, en un país donde las leyes casi nunca son aplicables, el Estado no dispone de mecanismos legales para revertir las concesiones a multinacionales mineras, como exigen campesinos indígenas que bloquearon vías para reclamar la salida de las empresas por supuesta contaminación ambiental.

Para colmo hasta las cuotas anuales que se paga por concepto de la concesión minera son ridículas o mínimas; y l que es más, con la ley actual de minería el gobierno tiene muy poca gobernabilidad.

Por ello es necesario reformar la ley con miras a que el Estado ejerza más controles.

Se está en una situación en que la Ley es muy complicada, por eso hay que cambiarla.

Definir cuáles son los beneficios para el Estado, para las comunidades y hacer la reforma.

En medio de advertencias para las partes, el Gobierno ha prometido que revisará las concesiones mineras a cargo de una comisión tripartita (empresa, gobierno y comunidades) los convenios mineros, pero si una multinacional, aún cumpliendo con la ley, afecta las reservas de agua revertirá la concesión.

Otra de las alternativas apunta a que los cambios a la ley deberían ser realizados por la Asamblea Constituyente, cuyos 130 miembros serán elegidos el 30 de septiembre.

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