Más allá de las casi interminables desilusiones que ha tenido el electorado ecuatoriano en los últimos tiempos; una de sus propuestas parecer por fin cristalizarse, la de acceder a una consulta popular en la que se le permita pronunciarse en torno a su futuro.

Así, trece millones de ecuatorianos acudirán a una consulta popular el próximo domingo para decidir si quieren que se instale una Asamblea Constituyente de plenos poderes, encargada de redactar una nueva Constitución que conlleve cambios estructurales en el país.

Esta es la sexta ocasión en 28 años, desde que Ecuador recuperó la democracia, que los electores son convocados en un referendo para modificar la estructura del país.

En 1978 un triunvirato militar pidió a la ciudadanía que se pronunciara en las urnas entre una Constitución reformada (la de 1946) y una nueva.

Algunos constitucionalistas creen que desde la consulta popular convocada en 1986, por el entonces presidente León Febres Cordero, sobre la devolución de los derechos de los independientes a ser elegidos, los plebiscitos de este tipo no han reformado en profundidad los cimientos del país.

Las reformas políticas impulsadas en la consulta de 1994 por el entonces jefe de estado Sixto Durán Ballén, o sus intentos de descentralización en la de 1995, mantuvieron las estructuras.

En 1997 el presidente interino Fabián Alarcón convocó una consulta para ratificar la salida de Abdalá Bucaram del poder, y para llamar a una Constituyente, que elaboró la Constitución de 1998.

Esta es, justamente, una de las bases para insistir en la necesidad de un cambio, han dicho de su parte los movimientos sociales que han impulsado con marcado fervor la realización de una consulta popular; después de todo –insisten- la esperanza es lo último que se pierde.

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