En medio de los desentendimientos y la intolerancia, los bloques antagónicos al interior del Congreso Nacional había expresado su decisión de acatar lo que disponga el organismo de última instancia, en este caso el Tribunal Constitucional, en torno a la destitución de 57 diputados planteada por el Tribunal Supremo Electoral.

Sin embargo, la situación no será así de fácil, porque no hay visos de resignación de parte de los sancionados que han advertido con proseguir en la política del caos; en una especie de provocación hacia aquellos sectores que están cansados de tanto abuso en el manejo de la política.

Como se sabe, el Tribunal Constitucional de Ecuador (TC) dejó en firme el miércoles la destitución de 57 diputados opositores, en un fallo de última instancia que allana el camino hacia la reactivación del Congreso tras un mes de parálisis; y en una nueva alternativa de que se termine, de una vez por todas, la crisis política que impera.

El Tribunal Constitucional, organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución, desechó por mayoría la apelación con la que los ex legisladores buscaban recuperar sus curules luego de ser cesados por la corte electoral el 7 de marzo.

Los políticos fueron sancionados por interferir en el plebiscito del 15 de abril sobre una Constituyente que impulsa el gobierno, según una sentencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Su destitución derivó en una severa crisis de poderes que involucró al Congreso, el TSE y la corte constitucional, convertida en el árbitro de una pugna que, parece no llegará a su fin, de acuerdo a la versión de los destituidos.

Los sectores poblacionales, inclusive los propios poderes del Estado, aspiran a que ésta sea la última decisión a tomar.

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