Un dirigente señalaba hace pocos días que los únicos responsables de la crisis política que agobia y fastidia al país son los propios electores que no supieron elegir a sus representantes o simplemente se dejaron seducir –como siempre- por promesas populistas, camisetas o una funda de avena reflejándose en las urnas una realidad que no es del todo cierta, conforme se lo ha podido evidenciar en las marchas de protestas que cada vez son más seguidas y que denotan un hastío hacia la clase política, ésta última que, definitivamente, no logra entender que el soberano también tiene capacidad de razonamiento y no aguanta más.

Y es que la ingerencia política ha rebasado todos los límites al punto de incidir en las decisiones de funciones tan vitales para la vida del país como es la de la justicia, electoral y legislativa, hoy dueñas de su propia verdad y, aparentemente, inclaudicables en sus posiciones.

Hoy, la cadena de líos jurídicos parece que tiene para largo. Ante el posible regreso de los 57 diputados destituidos por el Tribunal Supremo Electoral gracias al fallo del juez Juan Ramírez, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que más de un experto coinciden en que esta resolución es parte del caos jurídico y la crisis de institucionalidad.

De hecho, ésa no ha sido la salida más legal para los diputados, porque en asuntos de importancia como éste no se debió buscar un juez suplente de recónditos lugares, ya que hay normas instauradas por la CSJ que establecen la competencia de los jueces; si la intención era hacer prevalecer sus derechos, se debía proceder apegándose a las leyes que determinan estos casos.

En contraparte a todo esto el Tribunal Supremo Electoral sigue buscando culpables y haciendo víctimas donde no las hay. Ni qué decir del Tribunal Constitucional.

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