El Congreso, a través de su Comisión, presentó el pedido de inconstitucionalidad de la consulta popular convocada por el Tribunal Supremo Electoral.

Quito (AFP).- La oposición
legislativa demandó
ayer la ilegalidad de la convocatoria
a una consulta
popular sobre una
Constituyente, en una de
sus últimas maniobras contra
la Asamblea impulsada
por el gobierno y que
podría disolver el
Congreso.

“Esta idea, que esperamos
que no cuaje, demuestra
que la mayoría de los
diputados desconoce el
abrumador sentir de la ciudadanía”,
dijo ayer
Fernando Bustamante, asesor
político del presidente
Rafael Correa, quien no
presentó candidatos en las
legislativas de octubre.

“Una vez más están
mostrando su típico estilo
de triquiñuela, mañosería y
procesos sinuosos que buscan
desgastar al adversario
y estancar el proceso de
cambio que hay en el país”,
agregó

.
La demanda fue presentada
por la coalición de
derecha ante el Tribunal
Constitucional (TC), luego
de que el jueves el Tribunal
Supremo Electoral convocara
el plebiscito para el 15
de abril.

Según el diputado
Carlos Larreátegui, autor
de la querella y presidente
del comité de Asuntos
Constitucionales del
Congreso, el fallo del TC
“puede detener todo lo
actuado por el Tribunal
Supremo Electoral (TSE),
porque éste y el gobierno
se arrogaron funciones
legislativas”.

Además de la demanda,
los legisladores votarán
hoy una moción para que el
presidente del TSE, Jorge
Acosta, sea reemplazado
por su suplente.

En su
mayoría, los magistrados
del TC fueron nominados
al cargo por los partidos de
oposición.

Sin embargo, el presidente
del organismo,
Santiago Velásquez, indicó
que la resolución de la
demanda puede tardar
unos 60 días “dándole un
trámite preferencial”, por
lo que el fallo sería posterior
a la consulta.

La oposición rechaza
que el TSE haya convocado
el referendo acogiendo
el estatuto del gobierno,
pues sostiene que sólo el
Parlamento podía fijar las
reglas.

Pero Acosta reiteró ayer
que el Congreso únicamente
podía calificar la “urgencia”
de la consulta -como lo
hizo el 13 de fe-brero al
autorizarla-, y ad-virtió que
la ley lo faculta para destituir
y retirar los derechos
políticos a los funcionarios
que obstruyan el proceso
electoral.

“Los diputados metieron
mano al estatuto cuando
no tenían la facultad
para hacerlo”, señaló.

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