Bajo la premisa de que con 22 o 30 provincias el Ecuador seguirá siendo
el mismo, mientras no se den cambios en el ámbito administrativo
descentralizado, varios son los criterios que se han esgrimido en torno a
la aspiración de los peninsulares por convertirse en la provincia número
23 del país.

Lo que nadie puede negar es que, más allá de la mencionada
desmembración ha existido relegación y olvido –y hasta inequidad, considerando
que siempre los honorables diputados han sido guayaquileños, en representación
del Guayas- para con este importante sector de la Patria.

Los líderes de Guayaquil, normalmente partidarios de la descentralización y la
libre determinación de los pueblos, se oponen de plano a que los cantones de
la península de Santa Elena se conviertan en provincia.

En su apoyo se han pronunciado
–como era de esperarse- los bloques mayoritarios del Congreso
(PRIAN, PSP y PSC), que anuncian bloqueo a la decisión de Correa de impulsar
este pedido que hoy se lo ha calificado como una pretensión dividir al país y
aprovechar eso para hacer campaña política a favor de la Asamblea
Constituyente.

Pero han sido los propios peninsulares quienes han recordado los años de postergación
que han debido pasar y que la propuesta de provincialización no es
de ahora, sino de hace década y media; y que ha sido hoy, cuando ya no hay
marcha atrás en que los denominados movimientos cívicos guayasenses buscan
frenar esta aspiración.

Claro, el tratamiento al pedido de provincialización
deberá pasar por una serie de trámites y, al no contar con el respaldo de una
mayoría, definitivamente no podrá concretarse de manera inmediata.

Entre la
desmembración y el olvido hay muchas cosas que se quedan en el camino por
parte de los sectores involucrados e interesados que siempre será importante
considerar.

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