Ing. Bolívar Pazmay Galarza

Es necesaria una mayor inversión de capitales y recursos humanos
para tratar la creciente acumulación de necesidades de
infraestructura ambiental tanto para esta región como a nivel
nacional.

Los órganos públicos seccionales (Municipios) y
gubernamentales deben de poner mayor énfasis en el empleo de
tecnologías apropiadas y costo-efectivas, para la protección y preservación
del medio ambiente, esto traerá consecuentemente una
menor dependencia para el presupuesto público y las inversiones
se fomentarán mediante la utilización de tarifas efectivas para el
beneficiario, aplicando el principio “El Contaminador Paga”, sin
excepciones reducirá el costo gubernamental en los programas
correctivos.

El autofinanciamiento para que los servicios ambientales se
cumplan es aplicar debidamente la ley de protección al medio
ambiente; las tarifas para los usuarios y contaminadores a nivel
nacional son importantes fuentes de financiamiento considerando
las numerosas infracciones a los ecosistemas de nuestra geografía.

Aunque son algunas actividades productivas las ocasionadoras
de los conflictos ambientales existe la prioridad para el ecosistema
y la comunidad que conviene en el entorno, por eso para tener
una acción de justicia colectiva la gestión ambiental de tal cual funcionario
tiene que ser transparente y correcta.

La tala de árboles, sea de mangle o de cualquier otra naturaleza
se ha constituido en uno de los delitos ambientales con mayor incidencia
en nuestra región, y no existe ninguna estadística dentro del
ministerio del ramo que haya tratado de algún correctivo ambiental
para tal delito.

En nuestra provincia la delegación del ministerio del
ambiente es una institución fantasma, sus funcionarios no reaccionan
ni ponen los correctivos en base de algún proyecto ambiental
de carácter compensatorio.

La capacidad institucional para tomar
acciones coactivas en contra del problema y de los infractores son
inexistentes así de esta forma ninguna gestión ambiental es efectiva.

El control y la coacción son la panacea, ya sea que se adopte
una estrategia de comando y control para la protección de nuestro
medio ambiente, los problemas de esta naturaleza desconocen
fronteras políticas.

Tanto las autoridades seccionales autónomas Municipios y
las nacionales son las responsables directas de la falta de políticas
y reglamentos ambientales, de brindar a las dependencias
la debida asistencia técnica y ayuda financiera para la
implementación de los programas.

También deben de ser
capaces de aplicar sin intereses particulares, la debida gestión
ambiental por ejemplo los Municipios priorizar la inversión
sanitaria en la urbe eliminando los desechos Municipales
en base de programas ambientales.

Finalmente fomentar la
creación de grupos comunitarios, ONGs ambientales del sector
privado e informal para la administración y protección del
medio ambiente urbano y alentado por políticas apropiadas de
potencionamiento, caso contrario el tema ambiental seguirá
siendo una teoría.

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