Lima (AFP).- El Poder
Judicial peruano, sumido en
una severa crisis tras el escándalo
de corrupción que
remeció sus cimientos, aceptó
una reforma profunda
pero su presidente, Walter
Vásquez Vejarano, rechazó
fijar plazos para realizarla.

La tormenta que puso al
Poder Judicial en el centro
de las críticas, fue la captura
del magistrado Eduardo
Palacios, integrante del
máximo tribunal de Justicia,
cuando recibía dinero de un
ex policía para reincorporarlo
a la institución policial,
según un video difundido
por la televisión peruana.

De inmediato todos los
sectores políticos, organizaciones
civiles y analistas
alzaron sus protestas
y demandaron una reforma
profunda en el Poder
Judicial para erradicar a
los corruptos.

El presidente Alan García
se sumó al malestar
pidiendo en la víspera “la
cabeza” del magistrado Palacios
tras demandar “mano
dura” a los jueces de la Corte
Suprema para sancionar
los delitos de corrupción en
la justicia.

“Cuanto antes necesitamos
no sólo la cabeza de
esa persona (Palacios) sino
la de otros (jueces) que los
magistrados conocen y para
ellos es obligatorio tomar la
responsabilidad y señalarlos”,
agregó.
Pidió a la Corte Suprema
que establezca metas concretas
para los próximos
días, no semanas ni meses,
“tiene que actuar con gran
celeridad e inmediatez”.

García no se quedó en el
pedido, sino que advirtió al
Poder Judicial que “si no
fuera sí, se abren puertas
para que el Congreso tenga
derecho de hacer una profunda
y radical reforma”.

El presidente del Poder
Judicial, Walter Vásquez
Vejarano, tras anotar las
duras críticas, aceptó públicamente
realizar la reforma
en el sector para acabar con
la desconfianza de la ciudadanía
en este poder del
Estado.

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