Para nadie son ajenas las pérdidas que el contrabando
de combustibles le ocasionan al Estado y que, según
el SRI, alcanzan los $692 millones.

Ante esta realidad,
las autoridades se han propuesto controlar la fuga de
gasolina, diesel y gas, aplicando toda suerte de mecanismos,
muchos de los cuales, inclusive, llegan a considerar a
esta anómala situación como un problema de orden social,
en el que se encuentra inmerso un considerable sector
poblacional.

En varias ocasiones, por ejemplo, se ha adoptado la desigual
decisión de restringir la entrega de gasolina a las provincias
fronterizas, de prohibir la venta de combustibles a
vehículos con placas foráneas y otras serie de medidas que,
finalmente, nunca han dado los resultados tan esperados.

De todo esto, lo bueno es que, parece, las autoridades recién
ahora han decidido poner fin al contrabando de combustibles.

Pero, ¿qué nos puede hacer pensar que, ahora sí, se va
a terminar con este delito?

¿Acaso antes no existía la voluntad
suficiente?

La realidad es otra; detrás de todo esto están
verdaderas mafias que se aprovechan de las políticas económicas
de lo gobiernos de turno -como la de mantener el subsidio
a los combustibles- para beneficio propio.

Estas medidas, rebuscadas y discriminatorias, por decir lo
menos, no van a solucionar nada.

El contrabando de combustibles
va a existir mientras sus precios sigan sujetos a un
subsidio que no beneficia a los pobres y que cada vez resulta
más pesado para las finanzas públicas, y por ende impide
una adecuada utilización de los recursos del Estado.

Claro, el problema no es sólo contrabando.

En el caso del
gas doméstico, las infracciones también se generan al interior
del país.

No son pocos los hoteles, restaurantes o industrias
que utilizan gas doméstico en sus actividades productivas.

En otros casos, los cilindros de 15 kg sirven como combustible
en taxis piratas o para calentar las piscinas de los
edificios lujosos.

En estos frentes el control es esporádiico,
pese a que el consumo es importante y como tal afecta la
demanda.

Por ello es lógico deducir que la población que es
la que debería beneficiarse de la situación del gas y los combustibles-
es la menos favorecida con los precios; entonces
bien pueden asumirse otro tipo de políticas que permitan
nivelar el consumo de los combustibles sin que esto constituya
que se permita enriquecer a unos pocos a costa de las
grandes mayorías.